PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Ya se ha comentado aquí alguna vez la debilidad que tiene el parlamento español de legislar a troche y moche, dando la impresión de que hacen para que parezcan que hacen, pero en realidad no hacen nada, sino enredar la madeja y volver loco al ciudadano.

De las últimas cosas que han alumbrado es la futura Ley de Defensa de los Consumidores, cuyo proyecto ya ha sido puesto en solfa por las asociaciones de consumidores nada más hacerse público y con razón, creo yo. Las leyes, cuando se hacen, hay que procurar hacerlas bien, pues cambiarlas lleva su tiempo y no se puede estar legislando a golpe de fallo o de enmienda, sería el cuento de nunca acabar y la desprotección absoluta del ciudadano que no sabría qué está vigente y qué no.

Los dos fallos principales de esta Ley son la falta de sanciones a las empresas incumplidoras y la ambigüedad.

Y es que si no se imponen contraprestaciones económicas cada vez que una empresa de telefonía, por ejemplo, cambia la tarifa a un cliente sin avisarle o le cobra servicios que no ha pedido, la compañía seguirá haciéndolo porque le sale barato, como señalaba un portavoz de Facua, y es que, desde luego, si no hay multas disuasorias, estas leyes no sirven para nada.

En cuanto a la ambigüedad, un ejemplo de los varios que hay: El texto establece que las líneas habilitadas por las empresas para comunicarse con sus clientes (habitualmente con el prefijo 902) no podrán suponer un coste superior a la tarifa básica, pero no especifica qué se considera tarifa básica. Con la variedad de contratos que hay ahora en el mercado de la telefonía, es imposible saber qué es una tarifa básica.

¿Creen ustedes que se trata de que las asociaciones de consumidores son unas protestonas y no hacen sino dar la lata? Pues va a se que no y que tienen razón en sus quejas, cuando desde la Unión Europea, le han dado un tirón de orejas al Gobierno español precisamente por el débil sistema sancionador de la futura Ley de Comercio Electrónico que entrará en vigor en junio.

Como señalan desde la OCU, tenemos mucha legislación sobre consumo, pero falta control.