LA MARAÑA AUTONÓMICA

Según fuentes de la CEOE, las empresas españolas gastan 45.000 millones de euros por la maraña legislativa que les obliga a adaptar etiquetas, tamaños de piezas, etc. en las distintas CC.AA. De este festival del dispendio no se escapan los municipios que aportan su granito de arena al gasto añadido con sus normativas particulares cuando son distintas a las nacionales o autonómicas. Hasta Bruselas ha advertido ya que parte de la falta de competitividad de las empresas españolas se debe al handicap que supone para ellas estas cortapisas.

Veamos algún ejemplo:

 

- ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN: El etiquetado de bebidas alcohólicas, así como las sanciones por su incumplimiento, está sometido a distintos criterios según la comunidad autónoma. En el mercado hay productos similares etiquetados de forma diferente. Una misma botella de vino, por ejemplo, soporta diferentes limitaciones o prohibiciones sobre los lugares y horarios en los que puede consumirse.

También varía el marco legal para los horarios y ubicación física de su publicidad y promoción. Según CEOE, “esto dificulta enormemente el diseño de campañas a nivel nacional ya que hay que realizar estudios caso a caso, con el consecuente incremento de costes”.

Los proveedores de alimentos y bebidas de los comedores escolares deben atender a regulaciones autonómicas dispares respecto a criterios nutricionales.

 

- AUTOMÓVIL Y TRANSPORTE: Existen tres normativas distintas (una elaborada por la Administración central y dos por los gobiernos de Cataluña y País Vasco) para la definición de itinerarios que deben utilizar los vehículos que transportan mercancían peligrosas. Así, un mismo camión que transporte este material y que circule por ambas comunidades y el resto de España debe ceñirse a distintos horarios de circulación. Las regiones aplican distintas restricciones al tráfico. Según CEOE, “esto no permite la fluidez del transporte de mercancías, creando problemas de eficiencia por la dificultad para coordinar los tráficos en determinadas fechas”.

En Cataluña se exige traducir al catalán toda la documentación comercial (catálogos y manuales de instrucciones) de todos los vehículos allí vendidos.

 

- SANIDAD: Cuatro comunidades (Andalucía, Cataluña, Extremadura y Galicia) aplican sus respectivas legislaciones respecto a un mismo sistema de recetas electrónicas de medicamentos. Esto pone trabas a la estandarización de un sistema de archivo en caso de movilidad geográfica de los pacientes. La fijación de ocho normas autonómicas para un mismo sistema de identificación de usuarios del Sistema Sanitario “dificulta el acceso a la prestación sanitaria” debido a “problemas técnicos en la lectura de la tarjeta de una comunidad a otra en caso de desplazamiento del ciudadano”.

Hasta nueve regiones (Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, Extremadura, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana) disponen de un modelo de contrato propio para realizar ensayos clínicos e investigar medicamentos.

 

- COMERCIO: Existe disparidad injustificada en las distintas normas autonómicas reguladoras de los carteles que identifican la prohibición de fumar en los establecimientos públicos. En concreto, cada una de estas leyes especifica características diferentes para los carteles (texto y tamaño), “lo que impide estandarizar la cartelería a las empresas que operan en más de un territorio”.

Andalucía, Cataluña y Extremadura cobran tasas por realizar inspecciones sanitarias, tanto rutinarias como extraordinarias, “que normalmente no responden a una contraprestación por el servicio prestado por la Administración”.

- FINANZAS Y SEGUROS: La Ley 11/2001 de Islas Baleares prohíbe que bancos y cajas hagan promoción de bienes a la hora de ofrecer productos financieros, como por ejemplo la simple apertura de una cuenta corriente. Esta prohibición “ha obligado a algunas entidades a crear productos exclusivos para Baleares, lo que supone diseñar estrategias comerciales y de marketing diferenciadas”. Cada banco debe adaptar a la ley regional las obligaciones de transparencia e información a los consumidores. Esta heterogeneidad “puede crear incertidumbre tanto en la propia entidad (que debe comprobar en cada momento el grado de cumplimiento de cada norma) como en el cliente”.

Existen más de 300 normas emanadas del Estado, las comunidades y los ayuntamientos que establecen diferentes seguros obligatorios para diversas profesiones.

- ELECTRICIDAD: Las autonomías establecen niveles más exigentes que la ley estatal para establecer los niveles de calidad mínimos en el suministro eléctrico. Esta contradicción “produce un perjuicio económico para las empresas eléctricas que operan en dichas comunidades, por el no reconocimiento de los mayores costes que para esas compañías implica el suministro”. A la hora de construir instalaciones, las empresas necesitan contar con la aprobación de multitud de organismos en función de su competencia (estatal, autonómica o municipal) sobre el tipo de construcción: costas, puertos, ríos, carreteras, etcétera. Esto retrasa los procesos: por ejemplo, el plazo medio de una autorización de una línea de alta tensión es de 200 días. El sector eléctrico reclama que comunidades y municipios se coordinen para simplificar la gestión de sus respectivas competencias y evitar la duplicidad de informes.

 

En fin, como digo no se trata de extenderse en todos los detalles, pero de veras que si lo que desean es desincentivar e inhibir la iniciativa empresarial, con esta distorsión de la unidad de mercado, lo están consiguiendo. La deficiente calidad regulatoria de las administraciones públicas, ha provocado que las normas se aprueben sin respetar las alternativas más eficaces y eficientes para sus destinatarios y, encima, es prácticamente nula la disposición de las administraciones públicas por someterse a una disciplina que limite en sus normas daños y costes para las empresas.